El Departamento Jurídico del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) llamó a reactivar la Resolución 10/ 24 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 18 de septiembre de 2024, que instaba explícitamente a Israel a poner fin a su “presencia ilegal en el territorio palestino ocupado” en el plazo de un año, de conformidad con la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio del mismo año. La resolución también estipulaba que no se debía impedir al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación, en particular el derecho a establecer un Estado independiente y soberano en la totalidad del territorio palestino ocupado.
Según el Departamento, Israel trató dicha resolución con desdén, arrogancia y hostilidad, tanto hacia el pueblo palestino y su tierra como hacia la organización internacional y sus instituciones. Esto constituye, afirmó, una violación clara de las obligaciones que Israel contrajo al ser admitido en las Naciones Unidas y en virtud de la Carta, incluidas la prohibición del uso de la fuerza y la obligación de cooperar con las Naciones Unidas y sus organismos.
Desde la adopción de la resolución, Israel ha adoptado medidas que socavan directamente su aplicación, entre ellas:
– El no retiro del territorio palestino ocupado (Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Oriental), recurriendo en cambio a vaciar de contenido la resolución, especialmente mediante la expansión de los asentamientos y la aprobación de planes como E1, que fragmentan Cisjordania y modifican la composición demográfica de Jerusalén.
– La aprobación en julio de 2025 por la Knesset de un proyecto de ley que promueve la imposición de soberanía israelí sobre Cisjordania y el Valle del Jordán, además de decenas de medidas militares y coloniales, la reducción de las competencias de la Autoridad Palestina y la anulación de facto de las divisiones territoriales establecidas por los Acuerdos de Oslo.
– La puesta en marcha de amplias operaciones militares en varios campos de refugiados palestinos en Cisjordania, acompañadas de una destrucción masiva y el desplazamiento forzoso de decenas de miles de palestinos —el mayor desplazamiento en décadas.
– El hostigamiento al trabajo de instituciones internacionales, en particular la UNRWA, sometida desde hace años a una ofensiva israelí integral, así como las amenazas contra responsables de la ONU y la negativa a renovar sus permisos de residencia.
– La imposición de órdenes administrativas y medidas restrictivas por parte de ministerios, el ejército e instituciones israelíes en Cisjordania, que limitan severamente la libertad de movimiento de los palestinos entre ciudades, aldeas y campamentos, además de cientos de decisiones orientadas a imponer una política de hechos consumados, como la demolición de viviendas y la prohibición de construir, con el fin de impedir el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano.
El Departamento subrayó que el pueblo palestino esperaba que la resolución 10/24 tuviera un destino distinto al de decenas de resoluciones históricas de las Naciones Unidas que permanecen sin aplicar, debido a la posición hostil de Israel hacia la ONU y sus cartas, respaldada abiertamente por Estados Unidos, que se ha convertido en un símbolo de agresión contra la legitimidad internacional. Asimismo, el Departamento señaló que las Naciones Unidas no han adoptado las medidas necesarias para obligar a Israel a cumplir con la resolución, en particular:
*- Exhortar a los Estados del mundo a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional;
*- Convocar una conferencia internacional durante el 79º período de sesiones de la Asamblea General para implementar las resoluciones de la ONU relacionadas con la cuestión palestina;
*- Reunir a las Altas Partes Contratantes del IV Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempo de guerra, con el fin de adoptar medidas que garanticen su aplicación en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
En conclusión, el Departamento Jurídico del FDLP afirmó que la forma en que las Naciones Unidas y sus organismos han gestionado las políticas de Israel —limitándose a denuncias y condenas sin medidas vinculantes— ha alentado a Israel a continuar con sus violaciones, en particular la destrucción y los asesinatos en curso en la Franja de Gaza. Israel actúa con total impunidad, amparado por la protección de Estados Unidos, y se considera un Estado por encima del derecho internacional.
El Departamento instó a la comunidad internacional, en todas sus dimensiones, a preservar lo que queda de su credibilidad, a defender sus propias resoluciones y a procesar a los responsables israelíes por crímenes documentados y tipificados como crímenes de guerra, genocidio y limpieza étnica