El «Departamento Jurídico del Frente Democrático para la Liberación de Palestina» instó a las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, a las comunidades árabes e islámicas y a los simpatizantes de la causa palestina en los países occidentales, a vigilar y dar seguimiento a los titulares de la nacionalidad israelí o a quienes llegan desde Israel, sospechosos de haber podido cometer crímenes de guerra en la Franja de Gaza y en Cisjordania, en el marco de su participación en el ejército de ocupación como reservistas o mercenarios, y a buscar su enjuiciamiento ante los tribunales de los países occidentales.
El «Departamento Jurídico del Frente Democrático» señaló que algunas instituciones legales y de derechos humanos ya han comenzado efectivamente a perseguir a ciertos acusados de cometer crímenes en Palestina, y que se han presentado demandas judiciales contra ellos en Canadá, Bélgica, Brasil, Suecia y varios países occidentales más. En algunos casos, israelíes fueron sacados del país, ya sea por intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel o por los servicios de seguridad, antes de completar los procedimientos judiciales necesarios para su acusación formal.
El Departamento consideró que entre algunos responsables israelíes reina un clima de preocupación debido a la expansión del fenómeno de los enjuiciamientos penales contra sus soldados y oficiales, y la presentación de demandas judiciales contra ellos tanto ante tribunales nacionales en países occidentales como ante la Corte Penal Internacional, especialmente en lo que respecta a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto significa que es posible llevar a soldados y oficiales israelíes, incluidos aquellos con doble nacionalidad, ante los tribunales para juzgarlos por crímenes contra el pueblo palestino, en particular en la Franja de Gaza y, en general, en Cisjordania, incluida Jerusalén.
El Departamento Jurídico subrayó la importancia de plantear este tema ahora, a la luz de las informaciones filtradas que indican que el ejército de ocupación sufre de una gran escasez de unos 12.000 soldados, debido a la negativa de los haredíes a servir en el ejército, además del rechazo de una gran parte de los reservistas. Por ello, Israel intenta compensar este déficit recurriendo a las comunidades judías en la diáspora, con el fin de fomentar el reclutamiento de jóvenes judíos en edad de servicio militar.
El Departamento consideró que las razones que justifican la persecución en los países occidentales radican en la lentitud y la falta de cumplimiento de sus responsabilidades por parte de los tribunales israelíes, lo que activa los artículos 14, 17 y 20, entre otros, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dichos artículos permiten que la Corte intervenga si los tribunales nacionales no actúan, y que los casos sean remitidos al Fiscal cuando parece que se ha cometido uno o más de los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte.Los medios occidentales revelaron a principios de agosto de 2025 que Israel había cerrado todas las investigaciones sobre los crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas en la Franja de Gaza, sin presentar ninguna acusación, a pesar de la existencia de más de 650 investigaciones ante los tribunales militares israelíes. Esto confirma la realidad de que Israel está trabajando para consolidar un fenómeno de impunidad.
Al tiempo que valoró los esfuerzos de todas las instituciones y marcos jurídicos y humanitarios comprometidos con la justicia, el derecho y los derechos humanos en la persecución de todo sospechoso de participación en crímenes de guerra –ya sea como perpetrador o como testigo–, el «Departamento Jurídico del Frente Democrático para la Liberación de Palestina» llamó a continuar con las operaciones de seguimiento y vigilancia de los soldados israelíes que participaron o cometieron crímenes contra el pueblo palestino. Esto debe hacerse rastreando sus datos y publicaciones en las redes sociales, que están repletas de documentos que confirman su presencia en Palestina y su participación en los crímenes. El Departamento señaló que el ejército de ocupación siempre insiste a sus soldados que dejan el servicio en que eliminen cualquier documento –fotos, vídeos o textos– de su estancia en la Franja de Gaza o en Cisjordania, para que no puedan ser utilizados como pruebas en posibles investigaciones penales relacionadas con crímenes de guerra.