La comunidad internacional y su sistema político y judicial deben unirse en defensa de los valores de la justicia y el derecho internacional.
El Departamento Legal del Frente Democrático para la Liberación de Palestina consideró que la renuncia de uno de los jueces de la Corte Penal Internacional (el juez británico Andrew Cayley) es uno de los resultados de las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre los jueces de la Corte, siendo la más reciente la imposición de sanciones contra cuatro juezas en junio pasado, como consecuencia de las investigaciones de la Corte que llevaron a acusar a Israel de cometer crímenes de guerra en la Franja de Gaza y Cisjordania. Cayley mencionó que él y otros fueron objeto de amenazas de seguridad y económicas por parte de funcionarios estadounidenses, lo que afectó el trabajo de algunos de ellos debido a las presiones psicológicas que sufren. (Fue nombrado en marzo de 2024 y desempeñó un papel importante junto a la abogada estadounidense Brenda Hollis en las investigaciones sobre violaciones cometidas por Israel en los territorios palestinos ocupados).
El Departamento Legal declaró que Estados Unidos e Israel desean manipular la justicia internacional según sus intereses y quedar fuera del alcance del enjuiciamiento, razón por la cual no firmaron el Estatuto de Roma de la Corte. Por ello, la respuesta de la comunidad internacional, encabezada por los Estados parte del Estatuto de Roma, debe ser firme, adoptando las medidas necesarias para garantizar la protección de los jueces de la Corte y asegurar que no se obstaculice el curso de la justicia ni los juicios contra los acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza, en primer lugar el Primer Ministro israelí Netanyahu.
El Departamento Legal también señaló que la reacción de Estados Unidos e Israel ante las investigaciones de la Corte, las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, así como posibles órdenes secretas contra responsables políticos y militares israelíes, son pruebas del temor de Israel ante los resultados de las investigaciones de los jueces de la Corte y las posibles condenas por los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica, desplazamiento forzado y hambruna cometidos por su ejército.
El Departamento Legal del Frente Democrático sostuvo que los valores del derecho internacional y los derechos humanos deben prevalecer frente a quienes buscan imponer la ley de la selva por encima de todos los tratados internacionales. Especialmente porque muchos pueblos del mundo, y en particular el pueblo palestino, consideran a la Corte Penal Internacional y otros marcos judiciales internacionales como su último refugio frente a la arrogancia del poder y el fascismo liderado por Estados Unidos e Israel en su trato con la causa palestina y su negativa a reconocer los derechos nacionales del pueblo palestino.
El Departamento Legal del Frente Democrático para la Liberación de Palestina concluyó diciendo que atacar a la Corte Penal Internacional y a sus jueces es un ataque al sistema judicial internacional, y que el éxito de Trump y Netanyahu en aterrorizar a los jueces de la Corte es una prueba del fracaso y la debilidad del sistema internacional, que hasta ahora ha sido incapaz de proporcionar protección a los jueces. La comunidad internacional en todos sus marcos políticos, judiciales y legales debe unirse en defensa del derecho, la justicia y los derechos humanos, con la esperanza de que no llegue el día en que se plantee la siguiente pregunta: ¿Cómo puede una Corte que no pudo proteger a sus propios jueces, ofrecer justicia a los pueblos del mundo cujos derechos están siendo violados por fuerzas que imponen su dominio sobre los Estados y sus sistemas mediante la fuerza militar?